En busca de un hogar: Cómo la COVID-19 hace peligrar los avances en materia de integración de los venezolanos en Colombia
Introducción
En todo el mundo, la pandemia de COVID-19 ha generado nuevos niveles dramáticos de necesidad humanitaria. Los grupos marginados —incluidas las más de 70 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo— están resultando especialmente afectados. Para los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia, la pandemia ha endurecido las barreras a la integración social y económica. Con los trabajadores no esenciales obligados a quedarse en casa, los servicios públicos debilitados, los recursos desviados y las organizaciones benéficas funcionando con una capacidad reducida, los venezolanos desplazados se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Muchos han perdido o se arriesgan a perder el acceso a los ingresos, la vivienda, los alimentos y otras necesidades básicas.
El gobierno colombiano ha realizado serios esfuerzos para incluir a los venezolanos en su respuesta a la pandemia. Ha establecido el derecho de los venezolanos a realizarse pruebas y recibir tratamiento para el coronavirus y está trabajando con organizaciones humanitarias para ayudar a mantener a flote a las personas vulnerables. Sin embargo, incluso antes de la COVID-19, el gobierno carecía de la capacidad para hacer frente a la magnitud total de las necesidades de los venezolanos desplazados. De hecho, Colombia había advertido a los donantes de que necesitaba más ayuda para apoyar a los millones de venezolanos que ya se encuentran en el país y a los que siguen llegando. Sin embargo, la comunidad internacional ha aportado niveles de financiamiento relativamente escasos como respuesta.
En la actualidad, la pandemia de COVID-19 está diezmando la economía colombiana y exacerbando una situación humanitaria que ya era complicada. Ha afectado desproporcionadamente a los venezolanos desplazados, lo que ha provocado que decenas de miles regresen a Venezuela, un país donde perduran la agitación política, el fracaso económico, el colapso institucional, la represión y la violencia. Esta migración inversa, emprendida a pesar de los elevados riesgos que conlleva, es un trágico indicio de la desesperación a la que se enfrentan los venezolanos en Colombia.
El avance significativo está en juego. Colombia ha hecho mucho a lo largo de los años para acoger a sus vecinos mientras su patria se desmorona, creando importantes oportunidades para ayudar a numerosos venezolanos a integrarse en la sociedad colombiana. En este momento, el gobierno necesita actuar rápidamente para proteger a los desplazados forzosamente de los estragos de la pandemia. De hecho, está tratando de brindar ayuda a los venezolanos incluso al mismo tiempo que responde a las necesidades de sus propios ciudadanos. Sin embargo, los donantes no han conseguido igualar esta solidaridad aportando el financiamiento que posibilitaría una respuesta verdaderamente integral. La comunidad internacional debe dar un paso adelante y brindar un apoyo mucho más amplio para que Colombia pueda responder adecuadamente a las necesidades de los venezolanos desplazados.
Antecedentes
Durante años, los venezolanos que viven bajo el régimen autoritario de Nicolás Maduro han sufrido disturbios políticos, colapso económico e institucional y violaciones flagrantes de los derechos humanos. En mayo de 2020, más de 5 millones de venezolanos habían abandonado su país, creando una emergencia humanitaria regional y la segunda mayor crisis de desplazamiento en el mundo. La vecina Colombia acoge a más de 1.8 millones de venezolanos, más que cualquier otro país con diferencia. El gobierno colombiano ha adoptado una respuesta impresionante desde el principio. Ha mantenido en gran medida sus fronteras abiertas, ha movilizado la ayuda humanitaria, ha ampliado los derechos y servicios y ha permitido a muchos venezolanos regularizar su situación. El Gobierno coordina su respuesta con la comunidad internacional y la sociedad civil a través de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (Respuesta a los Venezolanos—R4V) y su correspondiente mecanismo nacional, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).
Sin embargo, la generosa respuesta de Colombia consistió en gravar a sus ya sobrecargadas instituciones incluso antes del brote de COVID-19. En la práctica, los venezolanos a menudo no pueden acceder a los derechos que tienen sobre el papel. Muchos carecen de atención sanitaria adecuada, alojamiento, educación y oportunidades laborales. Más de la mitad de los venezolanos en Colombia —es decir, más de 1 millón de personas— se encuentra en una situación migratoria irregular. No disfrutan de las mismas protecciones, servicios y oportunidades que los venezolanos con una situación regular. En el contexto de una pandemia, esta ausencia de estatuto jurídico les expone a un mayor riesgo, tanto a ellos como a sus comunidades de acogida.
Actualmente, la crisis de la COVID-19 amenaza con saturar algunos de los servicios sociales de Colombia. A 20 de mayo de 2020, había 16,935 casos confirmados de COVID-19 en el país y se habían producido 613 muertes. El 17 de marzo de 2020, varios días después de cerrar por primera vez su frontera con Venezuela, el presidente colombiano Iván Duque declaró el estado de emergencia y selló todas las fronteras. El 24 de marzo, impuso el “aislamiento obligatorio” a través de una orden de confinamiento nacional. Por medio de decretos presidenciales, Duque ha introducido numerosas medidas especiales en materia de salud, seguridad y económicas para responder a la crisis. El 19 de mayo de 2020, el presidente amplió el confinamiento nacional por cuarta vez, hasta el 31 de mayo, mientras se prosigue con una desescalada gradual que comenzó a finales de abril. Aun así, la mayoría de los trabajadores no esenciales deben quedarse en casa, las escuelas están cerradas, las grandes concentraciones están prohibidas y numerosos servicios de migración han sido suspendidos.
El impacto desproporcionado de la COVID-19 sobre los venezolanos desplazados
Las restricciones —comunes en las respuestas de muchos países a la crisis de salud pública— ejercen un impacto desproporcionadamente negativo en los refugiados y migrantes venezolanos. Muchos viven en condiciones de hacinamiento en las que el distanciamiento social y el autoaislamiento resultan imposibles. Alrededor del 90% de los venezolanos en Colombia trabajan en la economía sumergida, y apenas ganan lo suficiente para sobrevivir. El confinamiento ha afectado en gran medida a estos trabajos. Desde el 31 de marzo hasta el 8 de abril de 2020, el GIFMM realizó una Evaluación Conjunta Rápida de Necesidades en 737 hogares venezolanos en Colombia. En la encuesta, el 48% de los hogares manifestó no tener ninguna fuente de ingresos. De las personas con ingresos, el 84% declaró que eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Solo el 20% de los hogares indicó que el trabajo remunerado era una de sus principales fuentes de ingresos, en comparación con el 91% antes del confinamiento.
Sin posibilidad de trabajar, privados de las protecciones sociales y desprovistos de ahorros o redes de apoyo, los venezolanos no pueden pagar los alimentos, el alquiler u otras necesidades básicas. Miles de ellos reivindicaron sus protestas en Bogotá a finales de marzo después de que se produjeran desalojos masivos. Algunos propietarios expulsaron a sus inquilinos venezolanos porque no habían pagado el alquiler, mientras que otros los desalojaron en previsión de la privación de ingresos a la que se verían expuestos como consecuencia del confinamiento. Si bien un decreto presidencial del 15 de abril impuso una moratoria sobre los desalojos que también protege a los refugiados y migrantes, los representantes de la sociedad civil informaron a Refugees International de que algunos propietarios han ignorado las medidas. Mientras tanto, muchas de las organizaciones a las que los refugiados e inmigrantes normalmente podrían haber recurrido en momentos tan desesperados —incluidos los albergues y comedores sociales— han suspendido parcial o totalmente sus actividades debido al confinamiento.
Las mujeres y niñas venezolanas son especialmente vulnerables en estos momentos. Las tasas de violencia doméstica contra las mujeres han ido en aumento durante el confinamiento en América Latina. Las mujeres y niñas venezolanas desalojadas de sus hogares se encuentran en riesgo de explotación y abuso sexual. Ya antes de la crisis de salud pública, la necesidad urgente de apoyar a los miembros de su familia provocó en ocasiones que las mujeres y niñas venezolanas recurrieran a mecanismos de respuesta negativos, incluida la prostitución de supervivencia.
Los grupos indígenas binacionales también corren un riesgo particularmente alto. Las condiciones en Venezuela han llevado a muchos miembros de estas comunidades a trasladarse a Colombia en los últimos años. Allí se han enfrentado a la marginación social, el acceso deficiente a la atención sanitaria, la educación, la higiene y las oportunidades económicas, y a las amenazas para sus estilos de vida tradicionales. Suelen instalarse en zonas remotas de regiones fronterizas donde son objeto de las amenazas de grupos armados. Muchos permanecen indocumentados, incluida la comunidad Yukpa, cuyo estado binacional el gobierno no reconoce. Los grupos de la sociedad civil que trabajan con estas comunidades comunicaron a Refugees International que el brote de COVID-19 ha aumentado sus preocupaciones sobre la falta de acceso de los grupos indígenas a la atención sanitaria y la ayuda humanitaria. Aunque la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha incrementado la asistencia para las comunidades indígenas desde marzo de 2020 y ha puesto en marcha iniciativas de prevención frente a la COVID-19, su capacidad para apoyar a estos grupos de forma inminente y a largo plazo es limitada.
Muchos de estos efectos negativos también perjudican a los colombianos más vulnerables, incluidas las casi 8 millones de personas desplazadas internamente por el conflicto. Sin embargo, a pesar de las disposiciones especiales que ha adoptado el gobierno colombiano, los venezolanos carecen de las mismas protecciones legales que los colombianos. Esto es particularmente cierto para la mayoría de los venezolanos que se encuentran en Colombia en situación irregular. Un representante de la ONU en Bogotá con quien Refugees International habló por teléfono advirtió que los venezolanos se estaban enfrentando a múltiples amenazas. Tras huir primero de Venezuela, algunos se unieron a las filas de los colombianos afectados por el actual conflicto interno. Los recientes picos de violencia han desencadenado desplazamientos internos masivos, particularmente en las regiones fronterizas por donde los venezolanos ingresan al país. Una vez instalados, los venezolanos suelen ser víctimas de discriminación y explotación sexual o laboral. Ahora la pandemia añade otra dimensión a sus dificultades, lo que complica aún más la capacidad del gobierno y las ONG para ofrecer respuestas.
De hecho, los grupos humanitarios han tenido que determinar si y cómo adaptar sus actividades teniendo en cuenta las restricciones impuestas para limitar la propagación de la COVID-19. El gobierno considera que las operaciones humanitarias que salvan vidas son “servicios esenciales”. Sin embargo, no todos los grupos humanitarios —que incluyen desde las grandes agencias de la ONU hasta las pequeñas organizaciones benéficas de carácter religioso— cuentan con los recursos y el personal para operar en este entorno de crisis. Algunos han podido adaptarse y seguir prestando servicios respetando las órdenes de distanciamiento físico y otras restricciones. Por ejemplo, entregan paquetes de alimentos individuales en lugar de operar como comedores comunitarios o realizan actividades de orientación en línea. Otros, sin embargo, han tenido que reducir sus actividades o cerrar. El resultado es que los venezolanos desplazados disponen de menos apoyo crítico.
Una de las zonas más afectadas es Cúcuta, una ciudad situada en la frontera nororiental de Colombia con Venezuela, en el departamento administrativo de Norte de Santander. El gobierno y la comunidad internacional han movilizado allí una sólida respuesta humanitaria en los últimos años. Justo frente al Puente Internacional Simón Bolívar —el principal puesto fronterizo oficial desde y hacia Venezuela— agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y ONG mantienen un gran centro de ayuda humanitaria (CENAF). Sin embargo, por motivo de la pandemia, muchos servicios tuvieron que cerrar o redujeron su actividad significativamente. Algunos se habían vuelto menos críticos, ya que el cierre de la frontera por parte del gobierno se tradujo en que menos gente acudía a la zona en busca de servicios. Sin embargo, otros no pudieron mantenerse en las nuevas circunstancias; algunas ONG que operan en las cercanías comunicaron que habían reducido su capacidad a la mitad.
El impacto humanitario del cierre de la frontera y de estos servicios es significativo. Por lo general, cuando la frontera está abierta, alrededor de 40,000 personas ingresan a Colombia cada día. De ellos, unos 2,000 buscan refugio dentro de Colombia, pero la gran mayoría son “migrantes pendulares”. Estos últimos cruzan la frontera con frecuencia, incluso a diario, para comprar productos, asistir a la escuela, recibir tratamiento médico u obtener otro tipo de ayuda antes de regresar a Venezuela. En Cúcuta, todas estas personas, y muchos colombianos que viven en la comunidad de acogida, hacen uso de los servicios humanitarios que se suelen prestar en la frontera. Después del brote de COVID-19, el cierre de la frontera redujo el paso por los puestos fronterizos oficiales hasta un 90%. Aquellos que pueden entrar regularmente cumplen los criterios para las excepciones por motivos humanitarios, como padecer enfermedades críticas o crónicas que requieren tratamiento en Colombia.
Sin embargo, quienes no cumplen los criterios para las excepciones se ven obligados a cruzar de forma irregular. Utilizan rutas no oficiales peligrosas conocidas como trochas, que suelen estar controladas por grupos armados. Aunque el más importante de estos grupos —el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— declaró un alto el fuego de un mes a finales de marzo, los residentes siguen informando sobre peleas entre grupos que causan muertes y desplazamientos. A finales de abril, el ELN anunció que no prolongaría el alto el fuego a pesar de la continuación de la emergencia sanitaria. Los venezolanos que cruzan las trochas están en gran medida a merced de estos grupos armados y corren el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado. Además, la incapacidad del gobierno para controlar estas rutas no oficiales significa que tiene una imagen incompleta de la movilidad en medio de la pandemia. El número de personas que cruzan irregularmente parece haber disminuido desde el cierre de la frontera, pero no se dispone de estimaciones precisas.
El gobierno de Colombia permite excepciones limitadas por motivos humanitarios para una población muy necesitada. ACNUR ha determinado que la mayoría de los venezolanos cumplen con los criterios para solicitar protección internacional sobre la base de la Declaración de Cartagena, que Colombia ha incorporado a su legislación nacional.[1] Refugees International comparte esta postura e insta al gobierno colombiano a permitir la entrada a los venezolanos que buscan protección en Colombia. Posibilitar un tránsito seguro y ordenado en la frontera reduciría los riesgos de cruzar a través de las trochas y permitiría al gobierno ofrecer una mejor gestión y respuesta a la crisis de salud pública.
Las Autoridades colombianas y las Agencias de la ONU también han expresado su preocupación por los crecientes niveles de xenofobia y discriminación contra los venezolanos. Algunos colombianos han manifestado sus protestas cuando ven que los venezolanos incumplen las órdenes de cuarentena y reciben ayuda especial. Es probable que un aumento de las tensiones sociales complique la capacidad de los venezolanos para acceder a apoyo crítico durante la pandemia, así como sus oportunidades de integración futura.
Un canario en la mina de carbón: Los venezolanos empujados a regresar
El impacto colectivo de estas tendencias ha sido tan grave para los venezolanos en Colombia que decenas de miles han regresado a Venezuela. En los primeros tres días después del cierre de la frontera, unos 27,000 venezolanos que vivían cerca de la frontera cruzaron de regreso hacia Venezuela. Otros iniciaron su viaje desde más lejos. El 4 de abril de 2020, aproximadamente 600 venezolanos llegaron a Cúcuta en más de 20 autobuses. Aunque no estuvo claro de inmediato quién había organizado el transporte, ciertas informaciones sugieren que algunos venezolanos contrataron los autobuses ellos mismos, reuniendo los recursos que les quedaban. En el caso de otros, sin embargo, fueron las autoridades locales de los municipios ansiosas por verlos marcharse quienes se ocuparon de organizar su traslado.
Ante los movimientos masivos hacia la frontera, el gobierno colombiano abrió “corredores humanitarios” para permitir que los venezolanos regresaran a su país. Estos permiten el paso por los puestos fronterizos de los departamentos Norte de Santander y Arauca, en el noreste y La Guajira, en la costa norte caribeña de Colombia. Más de 25,000 venezolanos han regresado a través de estos canales desde abril de 2020. En Cúcuta, las autoridades permitieron que el CENAF se reabriera para garantizar que quienes cruzaran de regreso a Venezuela pudieran acceder a ayuda crítica y someterse a controles médicos mientras esperaban para regresar.
Otros miles de personas siguen intentando realizar el viaje. Sin embargo, algunos se encuentran ahora bloqueados en el camino por varios factores, entre ellos la aplicación por la agencia de migración de restricciones de transporte en autobuses no autorizados, el rechazo de las autoridades locales a dejar pasar a los venezolanos por sus ciudades y la congestión en los pasos fronterizos. El gobierno colombiano ha desanimado a la gente a regresar a pie. En una declaración del 29 de abril de 2020, advirtió que aquellos que violen las órdenes de confinamiento o “inicien su proceso de retorno voluntario [sin] coordinación con las autoridades municipales” pueden enfrentarse a “sanciones administrativas y penales”, incluida la deportación.
Si bien el número de repatriados es reducido en relación con los 1.8 millones de venezolanos que se calcula se encuentran actualmente en Colombia, el movimiento masivo de personas que regresan a un lugar conocido por ser inseguro es un indicador de lo desesperados que están los venezolanos en Colombia. La información de los medios de comunicación, así como las entrevistas realizadas por Refugees International a venezolanos y funcionarios del gobierno y de la ONU en Colombia, indican que la carencia de hogar y la falta de la ayuda necesaria para sobrevivir durante el confinamiento parecen ser los principales factores que les impulsan. Muchos venezolanos dejaron sus hogares y familiares en Venezuela a los que pueden regresar. Los venezolanos con los que habló el equipo de Refugees International en Colombia explicaron que “es mejor tener hambre con un techo encima de la cabeza que sin él”.
Indicaron además que algunos venezolanos que regresan esperan que la situación política en Venezuela mejore, especialmente si la campaña de presión intensificada de la administración Trump tiene éxito. Mientras tanto, Maduro está aprovechando su retorno, afirmando que eso demuestra el respaldo popular del que disfruta y la solidez de su régimen. Sin embargo, no hay indicios de dicho respaldo ni de una mejora de las condiciones en Venezuela. De hecho, Maduro está acallando las voces discrepantes que hablan sobre la falta de preparación del país para abordar la emergencia sanitaria. Las personas con quienes habló Refugees International confirmaron la información de que es la naturaleza nefasta de la situación de los venezolanos en Colombia —y tal vez algunas esperanzas equivocadas— la que está motivando su regreso, a pesar de conocen las condiciones que les aguardan.
Un regreso arriesgado
El gobierno colombiano ha justificado sus esfuerzos para facilitar el regreso advirtiendo que los riesgos para las comunidades venezolanas y colombianas serían mayores si las personas tuvieran que ir caminando hacia la frontera e intentaran cruzarla de manera irregular. Sin embargo, compartiendo la preocupación de otros socios en el GIFMM, ACNUR y la OIM no respaldan estos retornos. Un representante de la ONU insistió a Refugees International que la migración inversa no solo socava los esfuerzos para contener la propagación del coronavirus, sino que devuelve a las personas a un país inseguro. Como resultado, las agencias limitan su compromiso a proporcionar ayuda humanitaria a los venezolanos que ya han llegado a la frontera en Colombia y esperan cruzarla. Se ven obligadas a ayudar para garantizar algunas protecciones para los venezolanos en su situación crítica.
La llegada segura a la frontera no es garantía de un regreso inmediato, los venezolanos a menudo deben esperar durante días antes de cruzarla de nuevo. Los dos gobiernos han acordado mantener el corredor abierto durante un horario limitado y permitir que solo varios cientos de personas regresen cada día, lo que les concede tiempo para realizar múltiples controles de salud y aplicar procedimientos de cuarentena. Mientras esperan en Colombia, los venezolanos solo tienen acceso limitado a los albergues, los alimentos, la atención sanitaria o a cualquier otra ayuda humanitaria, pese a la reanudación de algunas actividades en el CENAF. Ahora que se están congregando más personas que permanecen a la espera para cruzar, el gobierno debe contribuir a la capacidad de los grupos humanitarios para operar, y los donantes deben proporcionar recursos adicionales para satisfacer las crecientes necesidades de los venezolanos en la zona fronteriza.
Al contrario de lo que esperan, es poco probable que los repatriados encuentren mejores condiciones una vez que hayan llegado a Venezuela. El país ya está sumido en una crisis y mal equipado para responder a una pandemia. La escasez de gasolina impide el transporte de medicamentos. La realización de pruebas para la COVID-19 se limita a un laboratorio de Caracas. El régimen de Maduro sigue restando importancia a la gravedad de la pandemia. Probablemente, el número de casos reales sea mucho más elevado que el recuento oficial de 749 contagios y 10 muertes relacionadas con la enfermedad confirmados a 20 de mayo de 2020. Antes de la pandemia, el sistema sanitario de Venezuela ya se había hundido en gran medida. En un año, la mortalidad materna aumentó en Venezuela un 65%. En 2018, nueve de cada diez venezolanos enfermos de VIH no tuvieron acceso al tratamiento. Los hospitales funcionan sin acceso constante a la electricidad o al agua corriente, con escasez de medicamentos y suministros limitados. Un tercio de los 66,000 médicos de Venezuela se han marchado.
Los venezolanos se enfrentan a esta trágica realidad de forma casi inmediata a su regreso. Aunque el gobierno exige que los repatriados guarden cuarentena durante 14 días después de su llegada antes de poder continuar el viaje hacia sus hogares, no ha proporcionado el alojamiento adecuado para que lo hagan. Los venezolanos repatriados recientemente esperan junto a cientos de personas en las paradas de autobús de las ciudades fronterizas de Venezuela, antes de que los militares venezolanos los pongan en cuarentena. Una vez allí, quedan bloqueados en condiciones pésimas e insalubres. Cerca de 2,100 venezolanos en el estado de Táchira, a donde ingresan desde Cúcuta, están aislados en escuelas abandonadas y antiguos edificios gubernamentales donde el espacio está saturado y no disponen de suficiente comida ni agua. La gente se encuentra hacinada en grupos de diez a veinte personas en una habitación, en contra del distanciamiento social que aconsejan los expertos en salud pública.
Pocos creen que estos retornos sean sostenibles. Los funcionarios del gobierno colombiano anticipan que quienes están volviendo a Venezuela durante la pandemia intentarán regresar a Colombia una vez que la crisis de salud pública remita. Otros prevén que algunos que ni siquiera pueden llegar a sus hogares querrán regresar de inmediato. En el ínterin, el empeoramiento de sus condiciones añadirá presión a un sistema venezolano que no puede dar respuesta, o al sistema colombiano al que regresan.
La respuesta del Gobierno colombiano
El gobierno colombiano reconoce que su respuesta a la pandemia debe incluir a los venezolanos. El 26 de marzo, a la luz de la decisión de cerrar las oficinas de servicios migratorios, el gobierno anunció que suspendería los plazos de vencimiento y tramitación de los permisos y documentos de los migrantes mientras dure la crisis sanitaria. Esto reduce el riesgo de detención o deportación para los venezolanos que no dispongan de documentos válidos. El gobierno también ha trabajado con la ONU y las ONG a través del mecanismo del GIFMM para responder a las nuevas necesidades de los venezolanos en el contexto de la pandemia. Por ejemplo, ha facilitado el uso de asistencia monetaria para ayudar a los venezolanos a pagar el alquiler y comprar alimentos.
El gobierno ha intentado atenuar los riesgos sanitarios más directos para los venezolanos. En marzo de 2020, amplió el acceso de los venezolanos al seguro de salud y garantizó que todos los venezolanos, al igual que todos los colombianos, tuvieran acceso a las pruebas y los tratamientos para la COVID-19. Cerca de 188,000 venezolanos en Colombia ya están inscritos en el plan de seguro público de salud. A través de su respuesta, el gobierno también se comprometió a inscribir de inmediato a quienes tienen Permiso Especial de Permanencia (PEP) pero no se habían registrado con un proveedor de seguros, una medida que beneficiará a cientos de miles de personas más. Desde mayo de 2017, los venezolanos tienen derecho a recibir atención médica de urgencia gratuita en los hospitales públicos de Colombia, con independencia de su situación migratoria. El gobierno aclaró recientemente que la atención relacionada con la COVID-19 está incluida como tratamiento de “urgencia”.
A principios de abril, el gobierno publicó un plan de acción detallado de seis puntos, diseñado para garantizar que los migrantes forzosos venezolanos sean incluidos en la respuesta de Colombia a la pandemia. Ambicioso en su ámbito de aplicación, el plan exige una gestión de las fronteras sensible desde el punto de vista humanitario, un mayor acceso a la atención sanitaria, ayuda especializada para los grupos vulnerables, apoyo específico para ciudades muy castigadas y una mejor coordinación entre todos los agentes que participan en la respuesta. El plan también insta a los donantes y a los grupos de ayuda internacional a adaptar sus actividades de socorro previas a la COVID-19 para responder a la pandemia. De cara al futuro, el gobierno señala con acierto tres desafíos principales: 1) la amenaza de una xenofobia creciente; 2) la necesidad de refugio para los venezolanos; y 3) el imperativo de comenzar cuanto antes la recuperación económica y la integración.
El gobierno colombiano merece ser felicitado por haber adoptado un enfoque integral e inclusivo para la población venezolana como parte de su respuesta a la pandemia. Sin embargo, existen al menos cuatro áreas adicionales en las que se requiere una acción más concertada para desarrollar todo el potencial del plan. El primer problema importante es la creciente fricción entre las autoridades nacionales y sus homólogos locales. Los funcionarios locales, también en Bogotá y Soacha, se han resistido a las expectativas de brindar ayuda a los venezolanos dado su limitado presupuesto. Estas autoridades argumentan que no pueden implementar las políticas establecidas por el gobierno nacional si no les proporcionan el presupuesto para hacerlo.
Además, el recuerdo de las protestas antigubernamentales que recorrieron el país en 2019 todavía está reciente. Por ello, los responsables locales elegidos se muestran reacios a que se considere que ayudan a los extranjeros a expensas de sus propios ciudadanos. Estas tensiones explican por qué algunas autoridades locales han bloqueado la entrada de venezolanos a sus ciudades o incluso ayudado a organizar su traslado hasta la frontera. Aunque desde entonces el gobierno nacional ha intervenido para ofrecer ciertos apoyos adicionales, sus recursos también son limitados. En consecuencia, la necesidad de apoyo internacional no hace más que crecer.
En segundo lugar, los derechos que los venezolanos desplazados en Colombia tienen sobre el papel a menudo no se materializan en la práctica. Por ejemplo, muchos venezolanos no pueden acceder a la atención sanitaria. Aunque Colombia ha mejorado su infraestructura de salud en los últimos años, la corrupción y las disparidades de capacidad entre las regiones continúan afectando al sistema. Las instalaciones en las regiones fronterizas menos desarrolladas de Colombia han tenido dificultades para acomodar la llegada del elevado número de venezolanos con necesidades médicas críticas. El gobierno aún tiene que compensar a muchos hospitales públicos por los servicios gratuitos que deben prestar, lo que les ha dejado con una deuda importante. Además, algunos venezolanos denuncian que los trabajadores sanitarios les discriminan y rechazan. Otros simplemente tienen miedo o desconocen sus derechos de acceso a la atención.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por ampliar la cobertura de seguro a más venezolanos durante la pandemia, muchos siguen sin disponer de ella. En una reciente evaluación rápida del GIFMM, 221 hogares (30%) manifestaron tener un familiar que necesitaba tratamiento médico desde el confinamiento, de los cuales el 67% indicó que no había recibido la atención adecuada. De ellos, el 34% declaró que al menos una razón era que no estaban afiliados al sistema nacional de salud. El resultado es que probablemente un gran porcentaje de población se quede sin recibir ninguno de los esfuerzos relacionados con la vigilancia de la salud pública y, por lo tanto, disminuya la capacidad del gobierno para localizar y prevenir la propagación del virus.
Los grupos marginados y los venezolanos indocumentados generalmente tienen más dificultades para acceder a sus derechos y a la atención adecuada. El plan del gobierno sí incluye la atención, al igual que la distribución de alimentos, para la “población vulnerable” de migrantes y las comunidades de acogida que quedan fuera de los programas sociales del estado. Sin embargo, solo especifica el apoyo prestado a niños y adolescentes. El gobierno debe garantizar que los grupos indígenas estén entre los que reúnen los requisitos para recibir asistencia adicional, con independencia de su situación migratoria.
En tercer lugar, el plan del gobierno también menciona que se están considerando medidas para acelerar la validación de títulos para los venezolanos con formación médica. Este sería un paso importante para fortalecer la respuesta del país al virus. De hecho, el presidente Duque había anunciado un decreto a tal efecto el 24 de marzo de 2020. Sin embargo, las asociaciones y sindicatos de profesionales médicos protestaron con tanta contundencia que el gobierno se retractó en 24 horas. El compromiso del gobierno de encontrar medios alternativos para permitir que los profesionales médicos venezolanos contribuyan a la respuesta de la COVID-19 es alentador. ACNUR informó el 18 de mayo de 2020 que los venezolanos con credenciales médicas validadas pueden trabajar como médicos y enfermeros y que el Ministerio de Salud sigue trabajando con la Asociación de Profesionales Sanitarios para contratar a más trabajadores sanitarios en el sistema. El gobierno debería avanzar rápidamente con ideas para ampliar y acelerar las oportunidades que los profesionales sanitarios venezolanos capacitados tienen de aportar sus habilidades a la respuesta, y más adelante. Los planes deben estar basados en las buenas prácticas de países como Argentina y Chile, así como de algunos estados de Estados Unidos, que han acelerado los trámites de validación de títulos o han autorizado la contratación de trabajadores médicos certificados extranjeros cuyas credenciales aún no han sido validadas en el país anfitrión.
Por último, tal vez el mayor obstáculo para dar una respuesta inclusiva a la pandemia en Colombia siga siendo la falta de recursos. El gobierno ha expresado su compromiso de llevar a cabo una respuesta inclusiva, pero no puede concretar sus planes sin financiamiento adicional. Tampoco puede empoderar a las autoridades locales en primera línea para satisfacer las necesidades de los venezolanos que viven en sus comunidades.
La pieza que falta: La carencia de recursos de Colombia
En marzo de 2020, Estados Unidos anunció la donación de $8.5 millones adicionales de ayuda humanitaria para ayudar a Colombia a responder al coronavirus. La UE anunció €9 millones (aproximadamente $9.97 millones) de financiamiento para la Organización Panamericana de la Salud y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con el fin de hacer frente a la pandemia en Venezuela y en los países vecinos. Sin embargo, los fondos para atender las necesidades de los venezolanos durante y después de la crisis sanitaria inmediata siguen siendo insuficientes.
De hecho, los déficits de financiamiento fueron uno de los errores estratégicos más graves de la respuesta internacional a la crisis de desplazamiento venezolana mucho antes de la actual pandemia. El Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP) para Refugiados y Migrantes de Venezuela desarrollado por la Plataforma Regional R4V ha recibido un financiamiento dramáticamente insuficiente —en 2019, los donantes solo aportaron el 52% de los fondos necesarios. En 2020, los requisitos de financiamiento ascendían originalmente a casi el doble: alrededor de $1,350 millones para la región y $739.2 millones solo para Colombia. En el quinto mes del año, la respuesta de financiamiento era de solo un 3.5%.
Ahora, la crisis de salud pública ha aumentado tanto el nivel de las necesidades como la dificultad para recaudar fondos. En abril de 2020, la Plataforma Regional R4V comenzó una revisión del Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes 2020 para reevaluar las actividades y los requisitos de financiamiento a la luz de los desafíos adicionales que crea la pandemia. En Colombia, la Evaluación Conjunta Rápida de Necesidades para la COVID-19 del GIFMM fue un primer paso fundamental para comprender las nuevas prioridades de los venezolanos como base para este proceso. La ONU incluyó sus objetivos revisados y las necesidades financieras en la segunda edición del Plan Global de Respuesta Humanitaria para la COVID-19 (GHRP), “reflejando la armonización de los dos mecanismos de respuesta”.
La actualización global, publicada el 7 de mayo de 2020, indica que los requisitos de financiamiento humanitario para la respuesta regional ascienden ahora a $1,410 millones, en comparación con los $1,350 millones. De ellos, $438.81 millones corresponden a esfuerzos relacionados con la COVID-19 y $968.8 a iniciativas “no relacionadas con la COVID-19 adaptadas”. El RMRP 2020 actualizado presenta desgloses por países y sectores. En él se establece que las necesidades financieras solo para Colombia han aumentado hasta $782.26 millones, de los que $296.77 millones son para los esfuerzos relacionados con la COVID-19. Además, el número de “personas necesitadas” —incluidas las poblaciones de migrantes y de acogida— casi se ha duplicado, pasando de 1.77 millones a 3.22 millones.
A la luz de estos retos cada vez mayores, el gobierno colombiano ha renovado sus peticiones de apoyo internacional. Incluso con la ayuda adicional para la COVID-19, las contribuciones recibidas representan solo el 4% del nuevo monto total solicitado en el llamamiento. Estados Unidos ha sido, con diferencia, el mayor contribuyente para la respuesta a los venezolanos desplazados en la región. En 2019, realizó el 76% de las contribuciones al RMRP. En cambio, el financiamiento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) de la Unión Europea representó solo el 5% de las contribuciones totales.
Hasta la fecha en 2020, Estados Unidos ha aportado $20.2 millones y ECHO solo $3.4 millones de los $52.4 millones recibidos hasta el 11 de mayo de 2020. A finales de 2019, la UE indicó que organizaría una conferencia sobre promesas de contribuciones de donantes para recaudar fondos en 2020, un plan que posteriormente suspendió debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el 15 de mayo de 2020, los responsables anunciaron que seguirían adelante con una conferencia virtual de donantes —la primera de su clase— el 26 de mayo de 2020. La UE y el Gobierno español coordinarán la conferencia con el apoyo de ACNUR y la OIM, que contará con la participación de más de 40 países, agencias de la ONU, instituciones financieras internacionales y representantes de la sociedad civil. Esta innovadora medida refleja el reconocimiento de los responsables de que las soluciones no pueden esperar a que los gobiernos levanten las medidas de distanciamiento social. Las entidades participantes deben aprovechar la oportunidad para realizar generosas contribuciones con el fin de financiar la respuesta a los venezolanos desplazados y sus comunidades de acogida.
La Evaluación Rápida del GIFMM revela cómo han evolucionado las necesidades de los venezolanos desplazados. Alrededor del 95% de los hogares encuestados mencionó la comida como una necesidad prioritaria; el 53% citó el alojamiento, y el 45% mencionó una fuente de ingresos. Por lo tanto, no solo ha aumentado significativamente la cantidad de necesidades, sino que la ayuda humanitaria inmediata predomina en las demandas. Esto se refleja en el RMRP revisado. Inicialmente, las necesidades financieras para los esfuerzos de integración socioeconómica ocupaban el segundo lugar solo por detrás de la programación relacionada con la salud. Actualmente, la salud sigue siendo la máxima prioridad, mientras que la seguridad alimentaria y la nutrición ocupan el segundo lugar, y la integración el tercero. De este modo, el conjunto revisado de los programas del GIFMM se asemeja más al equilibrio perseguido al inicio de la crisis de desplazamiento, cuando los grupos de ayuda dieron prioridad a la ayuda de emergencia por delante de los esfuerzos de integración socioeconómica.
A pesar de que la pandemia cambia las prioridades de la ayuda hacia una respuesta humanitaria inmediata, los altos funcionarios de Colombia siguen insistiendo a Refugees International en que deben tener en cuenta las necesidades futuras. Advirtieron de que la actual pérdida de medios de vida y de oportunidades educativas de los venezolanos, junto con los efectos económicos más amplios de la pandemia y la creciente xenofobia, solo contribuirán a que las respuestas orientadas al desarrollo sean más críticas y más complejas en el futuro.
Conclusión
En última instancia, para mitigar los costos humanos, sociales y económicos de la pandemia se necesitará más ayuda, para más personas, que son más vulnerables, incluidos los colombianos. Estados Unidos y la comunidad internacional cuentan con el potencial para ayudar a frenar la propagación de la COVID-19 y promover el bienestar de venezolanos y colombianos al permitir al gobierno llevar a cabo su enfoque inclusivo. Garantizar que se implementen las salvaguardas adecuadas para los refugiados y migrantes venezolanos les permitirá quedarse en lugar de obligarles a regresar a una situación más grave.
Recomendaciones
El gobierno de Estados Unidos debería aumentar su apoyo financiero a Colombia para acoger a los venezolanos desplazados. A la luz de la revisión por el GIFMM de sus actividades y sus necesidades financieras para 2020, Estados Unidos debería aumentar sus contribuciones al RMRP de acuerdo con las necesidades identificadas. En el apoyo que presta a su aliado clave, Estados Unidos tiene un interés y un papel fundamental que desempeñar, no solo en lo que se refiere al bienestar del pueblo de Venezuela y Colombia, sino también en cuanto a la estabilidad de la región en su conjunto.
La Unión Europea (UE) y otros miembros de la comunidad internacional deben aumentar el apoyo para satisfacer las necesidades de los venezolanos desplazados. La UE debe ofrecer una respuesta más rigurosa a la crisis de desplazamiento venezolana, aumentando sustancialmente sus contribuciones al RMRP para permitir que los países anfitriones como Colombia apoyen a los venezolanos desplazados durante la pandemia y posteriormente. Los estados e instituciones donantes que participan en la conferencia virtual de donantes deben llevar la iniciativa en lo que respecta a realizar generosas contribuciones financieras al RMRP, tomando como base las evaluaciones de las agencias de las Naciones Unidas, la sociedad civil y los gobiernos de los países anfitriones.
El gobierno colombiano debe continuar abordando los riesgos a los que se enfrentan los venezolanos desplazados que viven en Colombia, cumpliendo con los compromisos de su plan de seis puntos de respuesta a la pandemia. Además de la atención médica, todas las personas en Colombia deben contar con redes de seguridad económica y social, con independencia de su nacionalidad y situación migratoria. El gobierno debe tener en cuenta las necesidades especiales de quienes son particularmente vulnerables, incluidas las mujeres y las niñas y las comunidades indígenas, con el fin de elaborar respuestas diferenciadas. El gobierno debería aplicar la moratoria sobre los desahucios para garantizar que los venezolanos puedan permanecer en sus hogares. El gobierno colombiano debería trabajar con las organizaciones internacionales y locales para proporcionar un alojamiento alternativo y adecuado a quienes ya no tienen hogar.
El gobierno colombiano debería trabajar con las autoridades locales para garantizar el apoyo a los venezolanos desplazados en el contexto de la pandemia de COVID-19. Las políticas establecidas a nivel nacional deben ir acompañadas de financiamiento para su aplicación a nivel local. Deben tener en cuenta la escala y la naturaleza de las necesidades en lugares específicos y la capacidad para responder en esos lugares. En particular, el gobierno debería garantizar que se disponga de servicios especializados en las regiones y municipios fronterizos donde se asientan grandes poblaciones de venezolanos.
El gobierno colombiano debería priorizar los planes para acelerar la validación de títulos para los venezolanos con formación médica. Este sería un paso importante con el fin de fortalecer la capacidad general del país para responder a la pandemia tanto por parte de los colombianos como de los venezolanos. En el marco de este esfuerzo, el gobierno debe seguir dialogando con las asociaciones de profesionales sanitarios del país para atender sus preocupaciones y buscar soluciones constructivas.
Todas las partes interesadas deberían mejorar la coordinación y el flujo de información a los refugiados y migrantes venezolanos y sus comunidades de acogida. El gobierno colombiano debe seguir cooperando con las agencias de la ONU y las organizaciones de la sociedad civil para difundir ampliamente la información sobre el coronavirus, así como sobre los derechos y beneficios disponibles para los venezolanos. La comunicación oficial también debería reforzar los mensajes de solidaridad para combatir la xenofobia. Si bien el aislamiento obligatorio sigue vigente, las partes interesadas deberían usar las herramientas tradicionales y de redes sociales para informar tanto a los venezolanos como a los colombianos, incluidos los trabajadores sanitarios y los propietarios.
Endnotes
[1] La Declaración de Cartagena es un instrumento regional que fue adoptado el 22 de noviembre de 1984 por el Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá. Se distingue por ir más allá de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, al reconocer como refugiados a aquellas personas que “han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. [Texto completo]