Retornos perniciosos: la COVID-19 agudiza las vulnerabilidades de los guatemaltecos repatriados

By Yael Schacher , Rachel Schmidtke | July 1, 2020

En los últimos años, Estados Unidos y México han adoptado una serie de medidas que facilitan la devolución de guatemaltecos a su país de origen. Entre otras, cabe destacar las políticas y los programas relacionados con la detención, la deportación y los límites en la concesión de asilo, como el programa “Quédate en México” (denominado oficialmente Migrant Protection Protocols o MPP, por sus siglas en inglés). Tales medidas obligan a devolver a su país de origen a muchos guatemaltecos con solicitudes de refugiado válidas, que están en riesgo de sufrir persecución al regresar. Otros tienen temores justificados por su seguridad al regresar a casa, dado que los retornados corren mayor riesgo de convertirse en blancos de la violencia y la extorsión. Una vez de vuelta, los guatemaltecos a menudo han de luchar para reintegrarse. Se enfrentan a desafíos únicos para ganarse la vida; y las mujeres, los grupos indígenas y los niños se enfrentan a barreras especiales para acceder a muchos servicios públicos básicos. Además, carecen de servicios de asistencia sanitaria, sobre todo atención psicológica o especializada.

Las deportaciones y los retornos realizados en mitad de la pandemia de COVID-19 agravan estos desafíos y contribuyen a la propagación del virus. De hecho, a finales de abril de 2020, los deportados de Estados Unidos representaron casi el 20% de los 500 casos de coronavirus detectados en Guatemala y, a principios de junio, los deportados siguen dando positivo en la prueba de COVID-19 a su llegada a Guatemala, a pesar de disponer de certificados médicos expedidos en Estados Unidos que acreditan lo contrario.

En Estados Unidos, la Administración ha respondido a la pandemia insistiendo en la detención continua de solicitantes de asilo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en lugar de utilizar alternativas que permitan el distanciamiento social. El 24 de mayo de 2020, un guatemalteco de 34 años fue el segundo detenido que murió por COVID-19 estando bajo custodia del ICE. Estados Unidos también está haciendo más difícil que los menores no acompañados que se encuentran a cargo de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) puedan reunirse con familiares que ya están en el país. Además, la Administración ha redoblado sus esfuerzos para deportar a menores a Guatemala, tanto los que están bajo custodia de la ORR como aquellos que acaban de cruzar la frontera y se encuentran bajo custodia del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

Desde finales de marzo, amparado por la supuesta autoridad del título 42 de la Ley de Seguridad de la Salud Pública, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) ha expulsado a los solicitantes de asilo guatemaltecos a México sin realizar evaluaciones previas para determinar la credibilidad del temor que les hizo abandonar su país. Señalar de este modo a los solicitantes de asilo no está justificado ni es necesario para la salud pública; en la frontera podría adoptarse otro proceso de evaluación seguro. Antes de ampararse en la autoridad del título 42, el CBP incluyó a miles de guatemaltecos solicitantes de asilo en el programa “Quédate en México”, y estos siguen viviendo en condiciones peligrosas y deficientes en el norte de México. Profesionales sanitarios de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros advierten de que las condiciones en las que esperan estos solicitantes de asilo harán que, en caso de que se produzca un brote de COVID-19, sea un “desastre de salud pública”. Tal desastre podría evitarse por medio de un permiso de permanencia temporal a los incluidos en el programa MPP para su traslado a los hogares de familiares y amigos en Estados Unidos, una circunstancia que estaría disponible para la gran mayoría de ellos y que permitiría el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento.

México ha trabajado para reducir el número de detenidos durante la pandemia; el 27 de mayo de 2020, 234 migrantes permanecían arrestados en los 65 centros de detención de migrantes de México. Aunque el número de detenidos se ha reducido notablemente desde marzo, México ha devuelto a casi 5,000 centroamericanos a sus países de origen desde que comenzó la pandemia. Cuatro adolescentes deportados de México habían dado positivo en la prueba de COVID-19 a fecha de 20 de mayo, pero el número de deportados podría ser mayor porque es difícil rastrear estos casos, dado que muchos guatemaltecos regresan a través de rutas informales, con frecuencia tras ser trasladados en autobús desde el norte y abandonados cerca de la frontera con Guatemala.

En Guatemala, el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en proporcionar algunos servicios básicos de acogida a deportados y otros repatriados. No obstante, le ha resultado difícil proporcionar programas de reintegración significativos. La pandemia ha acentuado el impacto de este fracaso. Si un retornado ha estado expuesto al virus o da positivo en la prueba de COVID-19 a su llegada, los servicios sanitarios para atenderlo son escasos, o nulos, y tampoco hay un centro de acogida adecuado que permita pasar la cuarentena o un periodo de aislamiento.

Los guatemaltecos deportados durante la pandemia llegan a sus hogares y se enfrentan a niveles crecientes de inseguridad alimentaria y a una economía estancada, a la que se añade el lastre de los cierres de fronteras y las restricciones de movilidad. Tanto adultos como menores se enfrentan al estigma y al riesgo cada vez mayor de ser objeto de ataques violentos mientras el miedo y la desinformación sobre la enfermedad siguen extendiéndose. Un alto funcionario de la ONU en Guatemala observó recientemente que “muchas comunidades están rechazando a los repatriados por temor a contagiarse”. De hecho, incluso los retornados que dieron negativo en la prueba de COVID-19 han sido objeto de agresiones violentas.

Refugees International ha solicitado que se realicen pruebas antes de la deportación, y el Gobierno guatemalteco ha exigido pruebas de estos análisis a Estados Unidos. No obstante, las autoridades estadounidenses no están realizando pruebas exhaustivas y efectivas, y los deportados continúan dando positivo en la prueba a su llegada a Guatemala. Tal situación representa más presión para el Gobierno guatemalteco y la sociedad civil, que ya carecen de capacidad para dar una respuesta adecuada.

Recomendaciones

Al Gobierno de Estados Unidos

Poner en libertad a todos los guatemaltecos que hayan superado las entrevistas para determinar la credibilidad de su temor o que tengan un mayor riesgo de padecer COVID-19 por su edad o por padecer patologías previas.Liberar a los menores guatemaltecos no acompañados de la custodia de la ORR y ponerlos a cargo de patrocinadores en Estados Unidos.
Garantizar que los guatemaltecos que buscan asilo y protección humanitaria en la frontera tengan acceso a un procedimiento de asilo según lo exige el Derecho nacional e internacional.
Los guatemaltecos del programa “Quédate en México” (MPP) deben tener un permiso de permanencia temporal para residir con amigos y familiares en Estados Unidos mientras esperan la vista de su caso de asilo. Los guatemaltecos incluidos en el MPP que han sido deportados “in absentia” tras regresar a Guatemala deberían tener la posibilidad de que se reabran sus casos.
Establecer una moratoria temporal sobre las deportaciones a Guatemala durante la pandemia.
Financiar programas de reintegración para guatemaltecos repatriados, que incluyan medidas para eliminar barreras a la integración económica, mediante la concesión de préstamos y capacitaciones laborales, y la prestación de apoyo adicional a mujeres y grupos indígenas. Esta financiación también debería respaldar los esfuerzos para contener y reducir la pandemia de coronavirus, como proporcionar equipos médicos y programas de transferencia de efectivo.

Al Gobierno mexicano

Establecer una moratoria temporal sobre el retorno voluntario y las deportaciones a Guatemala durante la pandemia. Una vez que la pandemia disminuya, coordinarse con el Gobierno guatemalteco para garantizar que los retornos se realicen a través de rutas regulares, con controles de salud adecuados antes de regresar.
El Instituto Nacional de Migración de México debe examinar adecuadamente a los guatemaltecos que llegan a la frontera entre México y Guatemala en busca de protección internacional, y permitir que aquellos que lo deseen presenten su solicitud ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Poner fin a la detención de menores migrantes y refugiados en centros de inmigración de acuerdo con la ley mexicana e invertir en opciones adicionales de refugios de puertas abiertas para estos menores. Capacitar a los funcionarios de inmigración y bienestar infantil para que proporcionen información adaptada a los menores sobre su derecho a solicitar asilo. A la hora de determinar el lugar de residencia que responda al “interés superior” del niño, estos funcionarios deben considerar a Estados Unidos como un posible destino.

Al Gobierno guatemalteco

Proporcionar a los guatemaltecos retornados centros de acogida adecuados para pasar la cuarentena al llegar y garantizar que tengan acceso a necesidades como alimentos, agua y espacio suficiente para mantener una distancia segura con respecto a los demás.
Realizar campañas de información multilingüe en las lenguas mayas y en español para combatir el estigma, dirigidas a deportados que hayan superado la cuarentena por coronavirus. Coordinarse con organizaciones de ayuda a repatriados para brindarles apoyo social y reintegración comunitaria.
Trabajar con organizaciones humanitarias internacionales, de la sociedad civil y de la iglesia para proporcionar servicios de apoyo de emergencia a guatemaltecos vulnerables, entre ellos los retornados. Estos servicios deberían incluir medidas para mitigar los impactos de la pandemia. Aprender de las buenas prácticas de los programas de transferencia de efectivo, distribución de alimentos y clínicas ambulantes que otros países de la región están implementando.
Fortalecer programas de reintegración para deportados y repatriados guatemaltecos que incluyan servicios específicos para mujeres, niñas y grupos indígenas. Trabajar con organizaciones de la sociedad civil con experiencia en reintegración para aprovechar sus buenas prácticas e incluir programas adaptados a la cultura, el género y la ubicación de los retornados.

Descripción general de la investigación

Refugees International viajó a Guatemala en febrero de 2020 para evaluar las condiciones de protección para los deportados y retornados de Estados Unidos y México. El equipo viajó a Quetzaltenango, Salcajá y Ciudad de Guatemala. Entrevistaron a guatemaltecos solicitantes de asilo y migrantes que fueron deportados o devueltos de Estados Unidos o México. El equipo también entrevistó a personal de diversas organizaciones de ayuda a retornados y de ONG locales e internacionales, así como a representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala.

Antecedentes

Las deportaciones desde Estados Unidos y México a Guatemala han aumentado en la última década, pero los recientes cambios en las políticas hacen que sea más fácil para estos países deportar a las personas rápidamente, a menudo sin realizar una evaluación adecuada de sus necesidades de protección. En 2019, Estados Unidos deportó a casi 55,000 guatemaltecos a su país. México y Estados Unidos efectuaron 96,740 devoluciones voluntarias el mismo año.

Cambios en las políticas previos a la COVID 19 en Estados Unidos

Desde 2014, Estados Unidos ha respondido al aumento de la migración forzada de menores y familias de Guatemala (así como de El Salvador y Honduras) con una estrategia de disuasión a través de las detenciones. No obstante, la Administración de Obama también creó un programa para refugiados menores centroamericanos que permitía que sus padres, residentes en Estados Unidos, solicitaran la entrada de sus hijos en Estados Unidos como refugiados.

Este mural en Quetzaltenango representa a Claudia Patricia Gómez González, una mujer de 19 años del pueblo cercano de San Juan Ostuncalco, que fue asesinada a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza el 28 de mayo de 2018 después de cruzar la frontera de los Estados Unidos cerca de Laredo, Texas. Foto de: Refugees International.

Separación familiar y detención de menores: la Administración de Trump canceló este programa en 2017, comenzó a encausar a los familiares que pagaban a contrabandistas para llevar a los menores a Estados Unidos y luego inició su “política de tolerancia cero”, que permitió detener a los padres que cruzaban la frontera sin autorización y a separarlos de los menores que los acompañaban. Algunos padres guatemaltecos deportados se han reunido con sus hijos, pero otras familias permanecen separadas hasta la fecha. La Administración de Trump también implementó varias políticas que aumentaron de manera drástica la detención de menores centroamericanos en condiciones cada vez más deterioradas. Entre finales de 2018 y principios de 2019, cinco menores guatemaltecos murieron mientras estaban bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en comparación con la década anterior, que no hubo muertes.

Limitar la protección de los menores no acompañados: en 2019, el CBP detuvo a más menores no acompañados (30,000) de Guatemala que de cualquier otro país. Estos menores fueron enviados por el CBP a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), donde se supone que deben recibir servicios básicos, solicitar asilo a través de una entrevista adecuada para menores y ser ubicados en el entorno menos restrictivo (como lo exige la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de la Trata). No obstante, las políticas de intercambio de información entre la ORR y el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos y los cambios en las políticas relacionados con la presentación de solicitudes de protección bloquearon la ubicación de los menores con sus familiares y les dificultaron el éxito de sus solicitudes de protección. Al cumplir los 18 años, la custodia de los menores pasó de la ORR al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En lugar de permanecer detenidos para luchar por sus casos, algunos jóvenes solicitaron la “salida voluntaria”, que no lleva asociados los preceptivos 10 años de prohibición de futura admisión a Estados Unidos que exige la deportación[1]. A finales de 2019, la Administración de Trump también puso en marcha un programa para acelerar la tramitación de los casos de menores no acompañados en los tribunales de inmigración y poder deportarlos rápidamente, antes de ponerlos en manos de patrocinadores en Estados Unidos.

Más barreras al asilo: bajo la Administración de Trump, la política del DHS de negarse a conceder permisos de permanencia temporal a los solicitantes de asilo que superaron la evaluación para determinar la credibilidad de su temor a volver a su país (en lugar de mantenerlos detenidos durante meses, incluso años, esperando las audiencias de los tribunales de inmigración) ha llevado a muchos solicitantes de asilo guatemaltecos a abandonar sus pretensiones. Además, las decisiones de los Fiscales Generales Sessions y Barr han reducido los criterios de admisibilidad en el procedimiento de asilo para quienes huyen de las pandillas, de la violencia doméstica o de la violencia intrafamiliar. Según ha indicado Refugees International en otros informes, estas decisiones de los Fiscales Generales derogaron las sentencias de la propia Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia y han sido impugnadas por algunos tribunales federales. Las decisiones de los Fiscales Generales han provocado una drástica disminución del número de concesiones de asilo a guatemaltecos. En 2019, la Administración prohibió incluso solicitar asilo a quienes transitan por un tercer país. Estas políticas han llevado a un aumento de los retornos y deportaciones de guatemaltecos en situación de alto riesgo de sufrir daños.

Protocolos de protección a migrantes: también en 2019, ante el creciente número de familias centroamericanas solicitantes de asilo en la frontera sur, la Administración puso en marcha su programa “Quédate en México” (el nombre oficial es Migrant Protection Protocols o MPP, por sus siglas en inglés), por el que se exige a estas familias que esperen en México durante meses mientras sus casos se tramitan en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. De los casi 16,000 guatemaltecos incluidos en el programa “Quédate en México” en mayo de 2020, menos de 600 han logrado representación letrada, lo que dificulta mucho el éxito en los tribunales. Numerosas familias guatemaltecas, en particular las que hablan lenguas indígenas, han encontrado en el norte de México unas condiciones de supervivencia demasiado peligrosas y difíciles (en especial, la falta de acceso a alimentos, alojamiento, trabajo y servicios), y se han visto obligadas a renunciar a la tramitación de sus casos. Como le dijo una madre guatemalteca a un juez de inmigración en El Paso: “En mi país (Guatemala), si a mí me hacen algo, mis hijos tienen un lugar adonde ir. Aquí (en México) no tienen nada si a mí me pasa algo”. El programa “Quédate en México” también ha propiciado la separación de muchas familias guatemaltecas, que ahora tienen algunos miembros en Estados Unidos y otros esperando en México o repatriados en Guatemala.

PACR: a finales de 2019, la Administración de Trump inició un nuevo programa llamado Revisión Rápida de Solicitudes de Asilo (PACR, por sus siglas en inglés), destinado a acelerar la deportación de los solicitantes de asilo centroamericanos. Antes de PACR, los solicitantes de asilo en la frontera normalmente pasaban de la custodia del CBP a la del ICE, donde podían consultar a abogados antes de sus entrevistas con los funcionarios de asilo. En el marco de la PACR, los solicitantes de asilo se mantienen exclusivamente bajo la custodia del CBP (en condiciones deficientes y sin acceso a las pruebas de apoyo) y tienen un acceso limitado a la consulta de abogados antes de sus entrevistas de asilo. En un plazo de 10 días después de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, los guatemaltecos solicitantes de asilo cuyas solicitudes se niegan sumariamente son deportados a Guatemala en virtud de este programa.

Recortes a iniciativas de desarrollo y de lucha contra la corrupción: más allá de la política de fronteras y deportaciones, la política exterior de Estados Unidos con Guatemala desde 2018 se ha centrado en obligar al Gobierno guatemalteco a detener la migración, en lugar de apoyar los esfuerzos humanitarios y de la sociedad civil para abordar la violencia, la impunidad, la corrupción y la pobreza que empujan a los guatemaltecos a migrar. Este enfoque se hizo patente en los esfuerzos de la Administración de Trump por socavar la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la agencia de las Naciones Unidas que combate de forma eficaz la corrupción gubernamental en ese país. También es evidente en la reorientación efectuada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación con los programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de la Oficina de Asuntos Internacionales Relativos a Narcóticos y a la Observancia de la Ley, orientada hacia la prevención de la migración, y su insistencia en que la ayuda extranjera está supeditada a la implementación de un acuerdo de cooperación en materia de asilo (ACA) con los Estados Unidos. Los solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños devueltos en virtud de un ACA a principios de 2020 ya llenaron el único centro de acogidas de migrantes en Ciudad de Guatemala, lo que impidió acoger a los retornados guatemaltecos.

Cambios en la política anteriores a la COVID-19 en México

Estricta aplicación de normativas y detención inhumana: desde 2014, México ha aumentado su capacidad de cumplimiento de la legislación en su frontera sur con Belice y Guatemala. Aunque Andrés Manuel López Obrador comenzó su presidencia con una postura favorable hacia los migrantes, las políticas cambiaron rápidamente hacia una aplicación más estricta de las normas, en particular después de las amenazas arancelarias de Estados Unidos en el verano de 2019. El Gobierno mexicano deseaba acabar con los factores impulsores de la migración e incluso inició un programa de desarrollo con Guatemala, Honduras y El Salvador. No obstante, estas iniciativas no han surtido mucho efecto para detener el flujo de migrantes, y el Gobierno ha trasladado su enfoque hacia el cumplimiento de la legislación. El Gobierno mexicano ha legislado importantes cambios en las políticas, militarizando la frontera sur con el despliegue de la Guardia Nacional, emitiendo reglamentos que prohíben a las empresas de autobuses vender boletos a inmigrantes indocumentados, y usando la fuerza para evitar que las caravanas de inmigrantes entren al país. El Instituto Nacional de Migración (INM) de México mantiene a migrantes y solicitantes de asilo en entornos cerrados “como prisiones”, con instalaciones saturadas, escasez de alimentos y falta de higiene adecuada. Los migrantes han permanecido detenidos durante periodos prolongados, incluidos menores y otros grupos vulnerables[2].

Deportación rápida de menores: muchos menores guatemaltecos que migran al norte para sobrevivir (huyendo de la extorsión, la pobreza y la violencia) o para reunirse con sus padres, no llegan a Estados Unidos. Por el contrario, se les impide el acceso por los puntos de entrada a Estados Unidos o son detenidos más al sur de México y rápidamente deportados sin una evaluación sustancial de sus intereses superiores o de los peligros a los que podrían enfrentarse al regresar. Organizaciones de la sociedad civil que vigilan la situación de los derechos humanos de migrantes y refugiados en Tapachula informaron de que unos 50 menores no acompañados, que viajaron con la caravana de enero de 2019, fueron detenidos por agentes de migración y deportados en un plazo de 24 horas. Aunque el INM entregue a los menores a la agencia mexicana que vela por el bienestar infantil, reciben poca ayuda para solicitar asilo, y la mayoría de las determinaciones del interés superior no consideran la opción de enviar a los menores con familiares en Estados Unidos.

Falta de financiación para el sistema de asilo de México: México ha adoptado una definición de refugiado más amplia que la de Estados Unidos y concede un mayor porcentaje de solicitudes de asilo. Las tasas generales de concesión de asilo en 2019 alcanzaron un promedio del 71%, según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), aunque para los guatemaltecos esta cifra es mucho menor, con solo el 34%. En cambio, la tasa para los venezolanos fue del 99%. Las políticas restrictivas de Estados Unidos han afectado directamente al sistema mexicano de asilo, que ha registrado un aumento significativo de las solicitudes de asilo en los últimos años. La capacidad del sistema mexicano es limitada. No ha habido un aumento presupuestario proporcional para tramitar las solicitudes. La falta de recurso de la COMAR es muy grave: unos 48 miembros del personal de protección decidieron los casos de hasta 80,000 solicitantes de asilo en 2019.

Más deportaciones y “retornos voluntarios”: aunque el sistema de asilo de México es más generoso que el de Estados Unidos, sus cifras de detenciones y retornos han ido en aumento desde junio de 2019. Según datos del Gobierno mexicano, el número de deportaciones de México a Guatemala parece bajo porque el INM usa terminología ambigua para describir acciones de cumplimiento de la legislación. Los “retornos asistidos” de migrantes centroamericanos son, de hecho, deportaciones, y en absoluto voluntarias. Muchos guatemaltecos que huyen de situaciones graves han sido disuadidos de presentar su solicitud legítima de asilo en México debido a las condiciones de detención y al desaliento de los funcionarios allí presentes. En México, los guatemaltecos suelen ser devueltos antes de tener la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo.

Durante una estancia en Guatemala en el mes de febrero, Refugees International entrevistó a solicitantes de asilo recientemente devueltos y con experiencia de primera mano con los cambios en las políticas de Estados Unidos y México para la aplicación de la ley. Marco (nombre ficticio) nos dijo que había huido de su ciudad natal, Petén, en junio de 2019, temeroso de represalias violentas contra él y su esposa embarazada después de que su familia denunciara un robo a la policía. Al llegar a la frontera de Estados Unidos, Marco fue inscrito en el programa “Quédate en México”, y a su esposa se le permitió esperar la resolución de su caso desde Estados Unidos. Después de tres semanas viviendo en las calles de Juárez, Marco fue a Campeche a buscar trabajo. A su regreso a Juárez para presentarse a su audiencia de noviembre, el INM lo detuvo. Cuando lo liberaron de Villa Hermosa, el INM no le entregó su documentación sobre el programa. “No podía viajar al norte y mi única opción era volver a casa”, aseguró Marco. Así que tomó un autobús a Petén. “No he visto ni a mi esposa ni a mi hijo”.

Cambios en la política de deportación de Estados Unidos y México durante la COVID-19

Desde la orden de 20 de marzo de 2020 emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que apela al título 42 de la Ley de Seguridad de la Salud Pública, el CBP se ha negado a aceptar solicitudes de protección y ha expulsado a los solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos, incluidos los guatemaltecos. La orden le permite al DHS (Departamento de Seguridad Nacional) devolver a México a los solicitantes de asilo, incluidos menores, o deportarlos directamente a sus países de origen sin ninguna prueba real sobre los peligros a los que se enfrentarán. El CBP se limita a expulsar a los guatemaltecos a México, y allí se quedan, sin apoyo ni ayuda de los funcionarios mexicanos. El CBP expulsa a los menores centroamericanos no acompañados, en lugar de remitirlos a la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), del Departamento de Salud y Servicios Sociales, según lo exige la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de la Trata. Además, la ORR está dejando a menos menores guatemaltecos en manos de patrocinadores en Estados Unidos; lo que hace es devolverlos; entre marzo y principios de mayo 417 menores fueron deportados de Estados Unidos a Guatemala.

Muchos otros migrantes guatemaltecos se encuentran en un limbo, llenos de pánico. Los que están bajo custodia del ICE a la espera de ser deportados temen contagiarse mientras están detenidos o que les sometan a cuarentena a su regreso. El ICE ha comenzado a pedir a los solicitantes de asilo que se encuentran actualmente con sus hijos en centros de detención familiar que renuncien a la custodia a cambio de la liberación de los menores. Los guatemaltecos inscritos en el programa “Quédate en México” están esperando en circunstancias desesperadas. En abril, Refugees International habló con Martin, un solicitante de asilo guatemalteco incluido en el programa. Se encontraba a la espera de la celebración de su audiencia en el tribunal de El Paso, en Juárez, y hasta entonces vivía en una casa con otras 15 personas y con escasos recursos para comer. La situación de Martin no es atípica para los miles de solicitantes de asilo que deben esperar meses en el norte de México sin seguridad, sin medios de subsistencia o protección adecuada frente a la COVID-19. Por desesperación, muchos de estos solicitantes de asilo del programa “Quédate en México”, así como los expulsados, están tratando de ingresar en Estados Unidos sin ser detectados utilizando rutas remotas y peligrosas.

En el mes de mayo, aunque el Gobierno guatemalteco suspendió los vuelos en respuesta a la llegada de repatriados que dieron positivo en la prueba de COVID-19, siguió aceptando vuelos con menores no acompañados, familias y personas que, según Estados Unidos, dieron negativo en la prueba. Muchas de estas personas, sin embargo, dan positivo al llegar a Guatemala. En junio, Guatemala reanudó la aceptación de los vuelos con menos de 50 personas a bordo.

A comienzos de marzo, Guatemala pidió al Gobierno mexicano que detuviera las deportaciones, pero los retornos asistidos continúan, al igual que los retornos voluntarios no regulados. Desde que comenzó la pandemia, México ha devuelto a casi 5,000 centroamericanos a sus países de origen. Las autoridades mexicanas solo toman la temperatura a los deportados, pero no realizan pruebas de COVID-19. Es probable que el número de personas que regresaron por su cuenta sea mucho mayor. Hasta el 20 de mayo, cuatro adolescentes deportados de México dieron positivo en las pruebas. El 15 de junio, 40 migrantes guatemaltecos fueron deportados de México. No obstante, expertos en migración de Guatemala afirman que hay muchos retornos voluntarios desde México que no pasan por puntos fronterizos autorizados. Informes recientes afirman que las autoridades mexicanas incluso han alentado a los centroamericanos a regresar a sus hogares por rutas irregulares. Hay muchas personas que regresan a sus comunidades sin pasar una cuarentena. Por ejemplo, los migrantes salvadoreños y hondureños pasan por Guatemala de camino a casa sin someterse a ningún tipo de control.

Aunque las deportaciones continúan, los guatemaltecos pueden solicitar asilo en México durante la pandemia; sin embargo, hay limitaciones. En marzo, la COMAR interrumpió brevemente la aceptación de solicitudes, pero ha reanudado la aceptación y tramitación de las mismas. Centenares de solicitantes se presentan cada semana a pesar de la pandemia, lo que da fe de que quienes huyen de la persecución no tienen más remedio que cruzar una frontera para buscar refugio. Lamentablemente, los horarios de la COMAR son incoherentes y solo expide una cantidad limitada de tarjetas de identificación necesarias para acceder a la atención médica.

Al regresar a Guatemala, los deportados y retornados se enfrentan a mayores niveles de pobreza e inseguridad alimentaria. Como dijo un adolescente indígena deportado de forma rápida en la frontera de Estados Unidos, “no tuve la oportunidad de decir por qué vine” y ahora “hemos contraído una gran deuda”. A principios de junio, los hospitales públicos de Guatemala estaban desbordados por los casos de COVID-19 y las inundaciones por una tormenta tropical estaban causando grandes desplazamientos dentro del país.

Inquietud en Guatemala con respecto a la protección tras el regreso

Los guatemaltecos que huyeron de la violencia, el crimen y la persecución, y que no han conseguido la protección internacional, pueden enfrentarse a un grado de preocupación por su seguridad igual o mayor al regresar a su país. Otros guatemaltecos pueden tener temores justificados por su seguridad cuando regresan a sus hogares porque los repatriados corren mayor riesgo de ser blanco de violencia y extorsión. Aunque hay organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil que prestan servicios de integración y apoyo a los retornados, ofrecer protección contra la delincuencia, la violencia, la violencia de género y la discriminación está fuera de las competencias de estas organizaciones. La corrupción, los altos niveles de violencia y extorsión y la falta de responsabilidad del Gobierno y las instituciones contribuyen a que exista una estructura de protección frágil, que a menudo no permite a los retornados la reintegración de manera segura. Son desafíos que se agravan con la pandemia.

Delincuencia

Los guatemaltecos migran a México y Estados Unidos por una compleja combinación de razones, pero la delincuencia y la inseguridad suelen desempeñar un papel importante en su decisión de huir. Regresar a Guatemala puede aumentar la vulnerabilidad ante los delincuentes. Los extorsionistas, los pandilleros y los narcotraficantes colocan en su objetivo a los guatemaltecos repatriados, dado que consideran que tienen dinero, porque tuvieron capacidad para migrar y por el tiempo que pasaron trabajando en el extranjero.

Los guatemaltecos retornados son especialmente vulnerables a delitos cometidos en el aeropuerto, ya que la presencia de pandillas es más frecuente en Ciudad de Guatemala que en otras áreas del país. Los deportados de Estados Unidos son fáciles de identificar: la mayoría de ellos llegan sin cordones en el calzado y llevan las bolsas de plástico que les entregan mientras están bajo custodia del CBP. La salida del aeropuerto es caótica: hay muchos taxis, autobuses, cambiadores de dinero, así como las familias de los repatriados; todo ello hace que los delitos pasen inadvertidos. Fuera del aeropuerto, el Gobierno guatemalteco ofrece transporte a las terminales norte y sur de autobuses para salir de Ciudad de Guatemala. Ambas terminales se encuentran en zonas de la ciudad con altos índices de delincuencia. Los guatemaltecos retornados deben pagar su pasaje de autobús. Algunos de ellos contaron a Refugees International que los que no tienen dinero para regresar a sus lugares de origen se ven obligados a mendigar en la calle[3].

Los riesgos no disminuyen una vez que los guatemaltecos repatriados llegan a sus lugares de origen. Refugees International habló con un guatemalteco que regresó a su ciudad e intentó establecer un negocio. Fue objeto de robo en repetidas ocasiones, además de extorsionado y amenazado. Afirmó que los extorsionistas se dirigieron a él porque sabían que había regresado de Estados Unidos con dinero. Historias como esta no son únicas; Refugees International habló con varias personas y organizaciones sobre la omnipresencia de la extorsión. En Ciudad de Guatemala, una organización de ayuda a retornados tuvo que trasladar a varios guatemaltecos porque sus negocios eran objeto de extorsión. La extorsión es uno de los delitos más frecuentes en Guatemala. Las bandas son las autoras de algunos de estos delitos, pero cada vez son más numerosas las extorsiones que se originan en las cárceles, lo que revela el escaso control de este delito que tiene el sistema policial, o su complicidad con él. La corrupción a pequeña escala y la impunidad dificultan la denuncia de delitos o la reparación por la justicia. En 2018, Guatemala tuvo un 97.6% de impunidad en todos los delitos. En 2017, los guatemaltecos presentaron casi 8,400 denuncias por extorsión, pero los tribunales dictaron menos de 700 sentencias.

La mayoría de los guatemaltecos citan la corrupción como el principal desafío al que se enfrenta la gobernabilidad de su país. Durante años, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un mecanismo conjunto único entre las Naciones Unidas y Guatemala, logró avances significativos en la lucha contra la corrupción gubernamental. No obstante, en 2019 el entonces presidente Jimmy Morales disolvió este organismo con ayuda de la Administración de Trump, que retiró el apoyo a la iniciativa. La desaparición de la CICIG inició un giro descendente en la rendición de cuentas por parte del Gobierno y en cualquier atisbo de confianza que el pueblo guatemalteco pudiera haber tenido en que las cosas iban a mejorar.

Discriminación y maltrato a mujeres y grupos indígenas

La mayoría de los guatemaltecos que migran a Estados Unidos y México proceden del altiplano occidental del país, donde viven las poblaciones de indígenas más numerosas. El Gobierno guatemalteco y el grupo social dominante excluyen sistemáticamente a los indígenas en Guatemala. Un 79% de los indígenas viven en la pobreza y el 40% están en situación de pobreza extrema. Una tercera parte de la población rural se enfrenta a la inseguridad alimentaria. Los guatemaltecos que han abandonado las comunidades agrícolas declaran que en sus casas “apenas comen”. Los migrantes indígenas repatriados citan otras barreras para la reintegración en sus comunidades, como la pérdida de prácticas culturales, la reestructuración de la dinámica de la comunidad[4] y la pérdida de la lengua[5].

Aunque las lenguas mayas son una piedra angular de esta cultura, también son una base para la exclusión de los servicios públicos y sociales. Por ejemplo, en el centro de acogida de menores no acompañados de Quetzaltenango, los asesores ofrecen servicios psicológicos en español, pero muchos menores que regresan y necesitan desesperadamente asesoramiento hablan mam, quiché u otras lenguas de la familia maya. Organizaciones como la Asociación IDEI ofrecen voluntarios que hablan estas lenguas para facilitar el asesoramiento, pero no son una solución a la falta de psicólogos, trabajadores sociales, médicos y otros profesionales indígenas.

Las comunidades indígenas tienen un porcentaje desproporcionado de exclusión de los servicios sociales y del acceso al Estado de derecho, y también son víctimas de violaciones de derechos humanos en un grado desproporcionado. Debido a esta discriminación, los indígenas deportados y devueltos tienen menos probabilidades de recibir apoyo social del Gobierno o ayuda del Estado si son víctimas de delitos. La Asociación Pop No’j y el Colectivo Vida Digna son organizaciones de ayuda a retornados, que prestan servicios de reintegración para los indígenas guatemaltecos que regresan al país, teniendo en cuenta su patrimonio cultural, su lengua y las funciones de sus comunidades. Tales servicios de apoyo son fundamentales para los migrantes indígenas repatriados, pero tienen un alcance limitado en comparación con el número de deportados y retornados indígenas que llegan cada día[6].

Mujeres y niñas también se enfrentan a discriminación y violencia en Guatemala. Aunque la ley guatemalteca establece el principio de igualdad de género y criminaliza la discriminación[7], Guatemala tiene el índice más alto de desigualdad de género en la región. Las mujeres sufren tasas crecientes de violencia sexual, exclusión de la participación política y económica y normas rígidas en materia de género que pueden impedirles realizar ciertos tipos de trabajo o asistir a la escuela. En 2017, la violencia de género (VG) fue el delito más denunciado, lo que desbordó la capacidad de los tribunales guatemaltecos de impartir justicia para las mujeres que sufren VG, ya que no había suficientes fiscales que se ocuparan del elevado número de casos. Las mujeres indígenas sufren diversas formas de discriminación: por su origen étnico y por su género. A las mujeres y niñas que abandonaron Guatemala por la violencia y la discriminación de género les resulta difícil reintegrarse de manera segura en una sociedad como la guatemalteca, en la que estas barreras son estructurales y están generalizadas.

María y su hija menor caminando por la plaza principal de Salcajá. Foto de Refugees International.

En Quetzaltenango, Refugees International habló con María, una mujer indígena con escasa educación formal, que fue víctima de violencia doméstica por parte de su pareja. Después de que su hermana migrara a Estados Unidos, María comenzó un pequeño negocio tejiendo ropa tradicional maya. Como muchos de los que tienen familiares en Estados Unidos y pequeñas empresas prósperas, María fue víctima en repetidas ocasiones de la extorsión. Y de la extorsión pasó a un nivel más intenso: el secuestro de su hija adolescente a cambio de un rescate. Tras su liberación, las llamadas de extorsión continuaron, la policía no fue de ayuda y dos mujeres de su pueblo fueron secuestradas y nunca regresaron. Por estos motivos, María y sus hijos salieron de Guatemala para pedir asilo en Estados Unidos a principios de 2019. A la hija mayor de María se le permitió entrar en Estados Unidos para presentar una solicitud de asilo, pero el Gobierno de Estados Unidos inscribió a María y sus dos hijos menores en el programa “Quédate en México” en Tijuana. Después de que un hombre amenazara a María y a sus hijos, se sintieron demasiado inseguros para esperar allí, por lo que abandonaron su solicitud de asilo y regresaron a Guatemala. Aunque el regreso de María parecía voluntario, abandonó Tijuana porque temía por su seguridad y la de sus hijos. De vuelta en Guatemala, sigue sintiéndose insegura y ha tenido que cambiar su número de teléfono y dirección para evitar amenazas. Es blanco de los delincuentes debido a su género y por ser una retornada con un próspero negocio de tejeduría. A diario le preocupa que su exmarido, persona violenta de la que se separó, descubra dónde vive y que no tenga a quién recurrir si la encuentra. No puede reunirse con su hija mayor en Estados Unidos y vive con miedo de que les pase algo a ella y a sus hijos menores en Guatemala, o de que su exmarido la encuentre y le cause daños.

Mayor vulnerabilidad para los menores

En la última década, el número de menores guatemaltecos deportados de Estados Unidos y México se ha multiplicado por nueve. La gran mayoría son jóvenes indígenas de comunidades del altiplano y de la franja fronteriza entre México y Guatemala. Su media de edad es de 14,5 años. Casi todos ellos abandonaron Guatemala para sobrevivir (huyendo de la extorsión, la pobreza y la violencia) y un porcentaje importante viajó al norte para reunirse con sus familiares en Estados Unidos [8].

Los menores que regresan a Guatemala desde Estados Unidos y México en avión son trasladados por la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala desde el aeropuerto de Ciudad de Guatemala hasta un centro de acogida estatal cercano, donde son examinados por trabajadores sociales y recogidos por tutores. Los que no son recogidos por familiares o tutores quedan bajo la tutela del Estado. La casa de acogida El Refugio de La Niñez presta ayuda en los casos de menores que no pueden ser devueltos a hogares con malos tratos y en los de adolescentes embarazadas o madres jóvenes retornadas. La Asociación Pop No’j realiza visitas de seguimiento a familias de menores repatriados y les proporciona fondos para atender necesidades básicas así como asesoramiento. Este seguimiento es crucial debido al aumento del suicidio entre esta población de retornados.

asa Nuestras Raíces es uno de los dos únicos albergues administrados por el gobierno y operados por la Secretaría de Bienestar Social para menores no acompañados que regresan a Guatemala. Este albergue en Quetzaltenango recibe a niños deportados de México por tierra. Foto de: Refugees International.

Los menores deportados del sur de México son conducidos en autobús a Casa Nuestras Raíces, un albergue en Quetzaltenango donde sus padres acuden a recogerlos. En febrero de 2020, Casa Nuestras Raíces recibió a unos 100 menores, en su mayoría de 15 y 16 años, en dos autobuses cada semana. Muchos de ellos están traumatizados o enfermos por haber pasado un mes o más detenidos en México, con acceso insuficiente a ducha y comida. El director de la asistencia social del refugio le dijo a Refugees International que alrededor del 30% de los retornados tenían a sus padres en Estados Unidos y el 10% de ellos habían sido desatendidos, abandonados o maltratados.

Algunos menores tampoco pueden volver a la escuela. El Ministerio de Educación de Guatemala ha aprobado una normativa que permite a los menores repatriados reincorporarse a la escuela en cualquier momento. No obstante, los recursos de las escuelas locales suelen ser escasos y no cuentan con espacios suficientes para albergar a todos los menores, en especial en el altiplano occidental. Pocos adolescentes ven el beneficio de terminar la escuela secundaria, dada la falta de empleos asequibles y de educación superior en Guatemala. Algunos menores guatemaltecos retornados recibieron educación secundaria pública gratuita en Estados Unidos y se decepcionan al ver que la escuela podría ya no ser una posibilidad en Guatemala[9].

Muchos menores con padres en Estados Unidos vuelven a vivir con otros miembros de su familia en sentido extenso. Aunque los repatriados que reciben remesas de sus padres desde Estados Unidos pueden tener un nivel de vida más alto que aquellos que no las reciben, los menores retornados pueden volver a migrar porque no solo desean ayuda económica, sino estar con sus padres.

Obstáculos socioeconómicos a la integración

Los problemas de protección suelen ir acompañados de las limitaciones socioeconómicas a las que se enfrentan todos los repatriados guatemaltecos. Los servicios gubernamentales destinados a ayudar a los guatemaltecos retornados se centran en la recepción, no en los servicios de reintegración[10]. Los guatemaltecos repatriados se enfrentan a un sinfín de desafíos al regresar, y cada experiencia tiene sus propias características. No obstante, antes de la pandemia de COVID‑19, los guatemaltecos retornados generalmente se enfrentaban a barreras para la integración económica y los servicios de salud, y carecían de apoyo familiar. Estos desafíos se han agravado durante la pandemia.

Barreras a la integración económica

Los migrantes suelen conseguir préstamos para pagar a los traficantes que les llevan por México hasta Estados Unidos. Muchos recurren a préstamos de agentes no regulados, como prestamistas y cooperativas, con un elevado interés y cuya garantía cubren con terrenos, viviendas, vehículos o bienes. Si regresan, pueden volver con una deuda significativa y opciones limitadas para liquidarla. Organizaciones que trabajan para brindar servicios a indígenas guatemaltecos repatriados en el altiplano occidental declararon a Refugees International que la deuda aumenta las posibilidades de volver a emigrar, ya que los deportados pueden pagar la deuda por medio de un trabajo con mayor remuneración en Estados Unidos[11].

Encontrar un empleo puede ser muy difícil a la vuelta[12]. Varias organizaciones facilitan la integración en el mercado laboral de los retornados en Ciudad de Guatemala y el altiplano. Las iniciativas de múltiples partes interesadas, como “Guate te Incluye”, ofrecen capacitación y certificaciones a los migrantes que adquirieron capacidades técnicas en el extranjero, como servicios culinarios o la construcción. También vinculan a los guatemaltecos repatriados con empleos en el sector privado. Además, “Guate te Incluye” trabaja para conceder préstamos a los migrantes retornados, dado que les resulta difícil obtener un préstamo formal para poner en marcha un negocio. Estos préstamos son especialmente importantes, porque no hay servicios jurídicos disponibles para ayudar a los repatriados a recuperar los bienes que han dejado en los Estados Unidos. Muchos retornados venden rápidamente sus propiedades a precios bajos antes de volver y tienen poco capital al llegar a Guatemala. Otras organizaciones como “Te Conecta” ponen en contacto a los guatemaltecos repatriados con oportunidades laborales significativas, que pueden ocuparles desde algunas semanas hasta meses, en función de las capacidades y el nivel lingüístico del migrante. Los empleadores a veces dudan en contratar a migrantes retornados porque temen que estos vuelvan a migrar[13]; esta percepción puede afectar negativamente la búsqueda de empleo de estas personas.

Las organizaciones que brindan apoyo pueden aumentar las posibilidades de los guatemaltecos repatriados para superar las barreras laborales. Sin embargo, estas organizaciones son pocas y tienen recursos limitados, lo que reduce su alcance y su eficacia. No hay un centro de acogida en el que los guatemaltecos retornados puedan alojarse mientras buscan trabajo en Ciudad de Guatemala. Aunque “Te Conecta” trabaja con socios del Gobierno, presta muy poca ayuda a los repatriados para encontrar un trabajo. “No sé qué es lo que hace CONAMIGUA (Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala) y no conozco a ningún repatriado que haya conseguido un trabajo a través del Ministerio de Trabajo”, declaró un representante de “Te Conecta”.

USAID ha establecido “Centros Quédate” en Ciudad de Guatemala y en otros lugares para promover la reintegración de adolescentes guatemaltecos retornados, pero un gran número de estos jóvenes quedan excluidos de ellos. En el aeropuerto de Ciudad de Guatemala, Refugees International conoció a Jaime, un joven de unos veinte años que vivió en Oklahoma con su familia durante más de una década, aunque llegaron a Estados Unidos demasiado tarde para poder acogerse a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Fue arrestado por impago de boletos de estacionamiento, puesto bajo custodia del ICE e incluido en la opción de salida voluntaria. No conocía a nadie en Ciudad de Guatemala.

Atención sanitaria

La mala calidad de la atención médica es una razón menos común, pero significativa, por la que algunos guatemaltecos emigran y, según la Asociación Pop No’j, es un factor determinante para evitar ulteriores intentos de emigrar. La atención sanitaria de los guatemaltecos pobres e indígenas es la peor del Cono Sur debido a la limitación de sus recursos, infraestructura y personal, así como al suministro inadecuado de medicamentos y materiales.

Refugees International habló con Martín, un guatemalteco retornado entre cuyas razones para migrar estaba la preocupación por la salud de su hijo Juan, que perdió la vista en un ojo tras un traumatismo craneoencefálico. Juan fue a un prestigioso hospital de Ciudad de Guatemala y se sometió a dos operaciones, pero su lesión exigía una atención especializada de la que no disponía el país. Martín y Juan marcharon a Estados Unidos y, al igual que María, que huyó a causa de la delincuencia, también fueron inscritos en el programa “Quédate en México”. Regresaron a Guatemala por las terribles condiciones del refugio de México, pero volvieron a Juárez para presentarse a su audiencia en el tribunal.

Además, la migración conlleva problemas de salud que persisten al regresar. Las agresiones sexuales, los robos, los secuestros y los abusos son, por desgracia, demasiado comunes para muchos migrantes que viajan por México. La necesidad de atención sanitaria mental al regresar es esencial, pero los servicios de apoyo psicológico que brindan las organizaciones no gubernamentales no sustituyen la atención a largo plazo. La asociación IDEI denunció el caso de un menor que fue víctima de trata y abuso sexual durante su viaje a Estados Unidos. Contrajo el VIH por los abusos que sufrió. Ahora vive con un enorme estigma por la naturaleza de su abuso y el virus que contrajo. Necesita tratamiento contra el VIH y asesoramiento para procesar el trauma previo y el estigma actual, pero el acceso al tratamiento en Guatemala es escaso: solo el 43% de las personas positivas al VIH en el país reciben tratamiento antirretroviral.

Problemas agravados durante la pandemia COVID-19

La pandemia de COVID-19 plantea preocupaciones urgentes y sin precedentes para los guatemaltecos repatriados, y exacerba las vulnerabilidades existentes mencionadas en el apartado anterior.

Guatemala ha confirmado 10,272 casos de COVID-19, 186 de los cuales son guatemaltecos deportados por Estados Unidos. El país no está preparado para gestionar un aumento de los casos de COVID-19, y se aprecian muchas lagunas en la respuesta gubernamental hasta la fecha.

Para todos los guatemaltecos, y en especial los que regresan, una gran vulnerabilidad durante el confinamiento es la incapacidad para hacer frente a la carga financiera. Mientras continúa el distanciamiento social, los guatemaltecos que trabajan en la economía informal y en la agricultura y el trabajo temporal se verán afectados negativamente, como muchos de los que regresan al país. Aunque el Congreso guatemalteco aprobó un estímulo de emergencia de 1,000 quetzales (unos US$130) y cajas de alimentos para unos 2 millones de personas, a 22 de mayo muchos guatemaltecos pobres afirman que aún no han recibido ninguna ayuda.

El Banco Mundial predice que habrá aún más guatemaltecos que caigan en la pobreza. Los guatemaltecos retornados ya se enfrentan con dificultades para encontrar trabajo, y la pandemia prolongará la inseguridad laboral durante más tiempo. Algunos reportes de Guatemala muestran el sufrimiento que ya se está viviendo. Los guatemaltecos de todo el país cuelgan banderas de sus ventanas, en diferentes colores, para indicar que necesitan ayuda. Las banderas blancas significan hambre; las rojas indican necesidad de medicamentos; las de color negro, amarillo o azul significan que una mujer, un niño o una persona mayor están en peligro de violencia.

Para las comunidades rurales e indígenas, el impacto podría ser mucho peor. Aunque el Gobierno guatemalteco promueve campañas de lavado de manos, el mensaje fracasa en el caso de los guatemaltecos rurales e indígenas, que carecen de servicios básicos como el agua potable. Es alentador que el Gobierno haya traducido estas campañas a lenguas mayas para que las comunidades indígenas tengan acceso a la información, pero sigue habiendo profundas desigualdades en el acceso a servicios básicos. En toda Guatemala, la disponibilidad de camas y equipos hospitalarios y el número de médicos es baja. A algunos indígenas les preocupa que sus centros de salud, con insuficiente dotación de personal, no estén preparados para el virus. La inseguridad alimentaria es también un reto en las zonas rurales; el Programa Mundial de Alimentos prevé que el número de personas en esta situación en el mundo se duplique con la COVID-19. Este asombroso aumento podría suceder también en Guatemala.

Las mujeres que viven una situación de violencia doméstica corren más peligro en esta situación. Las tasas de violencia de género están aumentando en América Latina, y los factores de estrés económico y la libertad de movimiento limitada afectarán a los niveles de violencia.

El Gobierno guatemalteco no ha proporcionado lugares adecuados para poner en cuarentena a los guatemaltecos deportados llegados en vuelos que transportaban a una persona que dio positivo en la prueba de COVID-19. El Gobierno ha aislado a los guatemaltecos expuestos al virus en lugares que no reúnen las condiciones adecuadas para el distanciamiento social o la atención humanitaria. En abril de 2020, el Gobierno puso en cuarentena a unos 234 deportados guatemaltecos en el complejo deportivo Ramiro de León Carpio, a poca distancia del aeropuerto de Ciudad de Guatemala. Otros guatemaltecos deportados han sido aislados en el propio aeropuerto. El Gobierno está hospitalizando a pacientes enfermos, aunque no tengan síntomas graves. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala afirma que esta política está contribuyendo a que se produzca una situación próxima al colapso de los sistemas hospitalarios del país.

El estigma asociado a la deportación se ha intensificado y empeorado ahora que muchos guatemaltecos repatriados han dado positivo por COVID-19. En Quetzaltenango, los miembros de la comunidad han amenazado con quemar a los deportados que creían infectados con COVID-19. Los guatemaltecos retornados declararon que sentían miedo a la discriminación o la violencia tras la cuarentena.

Conclusión

Durante la crisis de COVID-19, Estados Unidos y México deberían instaurar una moratoria temporal en relación con las deportaciones y los retornos, eliminar las barreras a las que se enfrentan los guatemaltecos en su búsqueda de asilo y garantizar que tanto menores como adultos no sean detenidos innecesariamente. El Gobierno guatemalteco debería tratar de aliviar las vulnerabilidades de los deportados proporcionándoles servicios de reintegración más exhaustivos y acceso a protección adecuada durante la pandemia.

Pero las políticas mexicanas y estadounidenses que ponen en peligro la seguridad de los guatemaltecos llevan en vigor desde mucho antes de la crisis por la COVID-19. Y el 15 de junio de 2020, la Administración de Trump propuso una regulación que hará casi imposible que los guatemaltecos que huyen de la violencia en su país o de los intentos de reclutamiento o extorsión por parte de las pandillas consigan el estatuto de refugiado en Estados Unidos mucho después de que la pandemia desaparezca. La norma niega explícitamente que puedan solicitar asilo quienes pasan por un tercer país o aseguran que temen ser blanco específico de persecución en Guatemala por ser repatriados de Estados Unidos.

Las políticas que abordan las necesidades de protección requieren humanidad, voluntad política y flexibilidad para lograrlo, en lugar de agravarlas. Ahora más que nunca, las autoridades deben garantizar que los guatemaltecos que huyen de situaciones de peligro tengan acceso a protección en Estados Unidos y México, y que los repatriados guatemaltecos tengan acceso a seguridad, atención médica y oportunidades económicas.

Endnotes

[1] No hay nada realmente voluntario en esa disposición; la salida es obligatoria; Nicholas Novy, “The Problem of Coerced Consent: When Voluntary Departure Isn’t So Voluntary” (El problema del consentimiento forzado: cuando la salida voluntaria no es tan voluntaria”, Kansas Law Review 68, n.º 2 (2019): 315-349.

[2] Un representante del centro de acogida para menores no acompañados en Quetzaltenango, Guatemala, afirmó en una entrevista realizada por Refugees International que algunos menores permanecieron detenidos entre 20 y 30 días en México.

[3] Refugees International entrevistó a un deportado que tuvo que mendigar durante días antes de conseguir suficiente dinero para pagar el autobús al norte.

[4] Según entrevistas realizadas a la Asociación Pop No’j.

[5] Según entrevistas realizadas al Colectivo Vida Digna y Asociación IDEI.

[6] Lizbeth Gramajo Bauer, “‘Otra vez a lo mismo'”: Migración de retorno y procesos de reintegración en el altiplano occidental de Guatemala (Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Editorial Cara Parens, 2019), p. 51; este libro revela que entre 2008 y 2018, casi 300,00 guatemaltecos fueron deportados al altiplano occidental de Guatemala.

[7] Gramajo Bauer, “’Otra vez a lo mismo’”.

[8] Lauren Heidbrink, “Migranthood: Youth in a New Era of Deportation” (Migrantes: los jóvenes en una nueva era de deportación), Stanford, CA: Stanford University Press, 2020.

[10] El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) registra a los deportados llegados por vía aérea a Ciudad de Guatemala desde México y Estados Unidos, y a Tecun Uman por vía terrestre desde México. En Ciudad de Guatemala, el IGM traslada a familias y menores hasta los centros de acogida dependientes de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), que brinda apoyo psicológico, alojamiento, atención humanitaria y exámenes médicos. El SBS también recibe en Quetzaltenango a menores no acompañados procedentes de México y presta servicios similares en Ciudad de Guatemala. Los adultos solteros que llegan a Ciudad de Guatemala pueden acceder a servicios gubernamentales limitados, como un examen médico básico en el aeropuerto, orientaciones generales y transporte a terminales de autobús para migrantes que no proceden de Ciudad de Guatemala.

[11] Corroborado en Lizbeth Gramajo Bauer, “‘Otra vez a lo mismo'”.

[12] Gramajo Bauer, “’Otra vez a lo mismo’”.

[13] Según una entrevista con “Te Conecta”, febrero de 2020.

Foto de portada: Migrantes, parte de un grupo de 76 guatemaltecos deportados de los Estados Unidos, usan mascarillas como medida preventiva contra el nuevo coronavirus COVID-19 mientras abordan un autobús al aterrizar en la base de la Fuerza Aérea en la Ciudad de Guatemala el 4 de mayo. , 2020. (Foto de Johan ORDONEZ / AFP a través de Getty Images)